Corte Suprema da vía libre a severa ley de inmigración en Texas que permite arresto de indocumentados
marzo 19, 2024HOUSTON – La Corte Suprema de Justicia permitió a Texas hacer cumplir una nueva y polémica ley que otorga a la policía local el poder de arrestar a inmigrantes.
El tribunal de mayoría conservadora, con tres jueces liberales en desacuerdo, rechazó una solicitud de emergencia presentada por la administración de Joe Biden, que decía que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración, un tema sobre el que el gobierno federal tiene autoridad exclusiva.
Eso significa que la ley puede entrar en vigor mientras continúa el litigio en las cortes inferiores.
La ley en cuestión, conocida como SB4, permite a la policía arrestar a migrantes que crucen ilegalmente la frontera desde México e impone sanciones penales. También facultaría a los jueces estatales para ordenar la deportación de personas a México.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión, señalando que era una “GRAN VICTORIA”.
“Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la administración Biden y la ACLU ante la Corte Suprema. Nuestra ley de inmigración, SB4, ya está en vigor”, agregó en un mensaje publicado en X, red social previamente conocida como Twitter.
La disputa es el último enfrentamiento entre la administración de Biden y el estado de Texas sobre la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.
Un juez federal bloqueó la ley después de que la administración de Biden presentara una demanda, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, dijo en una breve orden que podría entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema se negaba a intervenir.
El 4 de marzo, el juez Samuel Alito congeló temporalmente la ley para darle tiempo a la Corte Suprema para considerar la solicitud del gobierno federal.
La procuradora general Elizabeth Prelogar dijo en documentos judiciales que la ley de Texas es “rotundamente inconsistente” con el precedente de la Corte Suprema que se remonta a 100 años atrás.
“Esas decisiones reconocen que la autoridad para admitir y expulsar a no ciudadanos es una responsabilidad fundamental del gobierno nacional, y que cuando el Congreso ha promulgado una ley que aborda esas cuestiones, la ley estatal tiene prioridad”, escribió.
El tribunal de apelaciones, añadió Prelogar, no explicó su razonamiento para permitir que la ley entrara en vigor.
