El Departamento de Estado, en coordinación con el DHS, prepara la revocación de hasta 200,000 visas de no inmigrante de las categorías B1 (negocios) y B2 (turismo, visitas familiares y atención médica) emitidas entre 2016 y 2026, cuyos titulares solicitaron asilo después de entrar a Estados Unidos o lo están solicitando actualmente. De confirmarse, sería la mayor cancelación masiva de visados de la historia del país. El criterio anunciado hasta ahora es específico: haber ingresado como visitante y luego haber presentado una petición de asilo, algo que el gobierno interpreta como una contradicción con la intención no inmigrante declarada al recibir el visado. La revocación no implica una deportación automática ni cancela por sí sola una solicitud de asilo pendiente, pero sí deja a los afectados sin la condición de visitantes, complica futuros viajes y reingresos, y puede desembocar en procesos de remoción si no cuentan con otra base legal para permanecer. Abogados de inmigración consultados por medios hispanos han pedido a los afectados revisar su estatus y no viajar fuera del país mientras no haya claridad sobre el alcance de la medida.
