La agencia USCIS ha modificado su postura respecto al ajuste de estatus, enfatizando ahora que este procedimiento para obtener la residencia permanente sin salir del país es un recurso excepcional y no una vía garantizada para quienes cumplen los requisitos iniciales. Se establecen además sanciones más severas ante errores en las solicitudes. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional planea para agosto la introducción de controles adicionales en diversas categorías de visas, así como una revisión al programa H-1B que podría restringir las exenciones al límite anual y ampliar el cobro de una tarifa de 4,000 dólares a renovaciones de grandes empleadores con fuerza laboral mayoritariamente en H-1B o L-1. Complementariamente, una reciente decisión de la Corte Suprema limita la elegibilidad para la residencia permanente de personas con antecedentes penales.
