La administración de Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus; la política entra en vigor este miércoles 14 de octubre de 2026, según una nota de The Associated Press.
El gobierno revisa los casos de al menos 185,000 refugiados admitidos durante la presidencia de Joe Biden que aún tienen solicitudes de residencia pendientes, y justifica la medida como una forma de «mitigar los riesgos potenciales» de personas que, según dice, no cumplían los requisitos, hablando de una «erosión alarmante de la integridad» del programa.
Organizaciones como Global Refuge, HIAS y Church World Service sostienen que diez días «NO ALCANZAN» para conseguir abogado, traducir documentos u obtener registros del país de origen, y advierten que decenas de miles de personas podrían verse afectadas.
Para 2027 el gobierno fijó un tope de 17,500 refugiados, en su mayoría sudafricanos blancos, frente a la meta de 125,000 de presidencia de Joe Biden.
El DHS no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
