El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, afirmó públicamente que los agentes de ICE «No estarán ahí para patrullar los centros de votación» durante las elecciones intermedias de noviembre de 2026, pero dejó dos excepciones sobre la mesa: si existe una amenaza activa y concreta contra un centro de votación específico, o si los agentes están ejecutando una orden judicial de arresto contra una persona a la que persiguen activamente.
«Si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde debamos estar» dijo Mullin, en un mensaje que un funcionario del DHS contradijo ante NBC News al afirmar que ICE no recibió instrucciones especiales para el día de las elecciones.
Mullin y el presidente Trump han sostenido, sin evidencia, que más de 250,000 personas no ciudadanas están registradas para votar en distintos estados. En respuesta, una coalición integrada por LULAC, Common Cause, UnidosUS y funcionarios de Denver presentó una demanda para bloquear la llamada «Polling Place Policy», argumentando que viola el Título 18, Sección 592 del Código de EE.UU., que prohíbe la presencia de personal federal armado en centros electorales.
Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, declaró que «El derecho al voto es fundamental para Nuestra Democracia» y que la sola presencia de agentes armados puede intimidar y suprimir la participación de votantes latinos e inmigrantes, incluso ciudadanos con derecho a votar.
