En una decisión dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó dos políticas centrales impulsadas por la administración Trump en materia migratoria. Por una parte, permitió que el gobierno federal pueda negar el procesamiento de solicitudes de asilo en la frontera sur, rechazando así a los migrantes que intentan ingresar por dicho mecanismo. Por otra, autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cerca de 356,000 personas, principalmente haitianos y sirios, lo que los deja vulnerables a deportación. En paralelo, la decisión mantiene a más de 600,000 venezolanos bajo TPS en espera de una resolución. Estos dictámenes no alteran otros programas migratorios como DACA o las visas de protección, que seguirán regidos por sus propias normativas.
